"Ley antibotellón".

Debido a los problemas sociales que generaba este tipo de actividades, el Ministro del Interior (de quién dependía entonces el Plan Nacional sobre Drogas) propuso en febrero de 2002 la conocida como ley antibotellón, que prohibía el consumo en la calle, regulaba horarios de venta y promoción del alcohol. Ante las resistencias y críticas planteadas, esta ley no se aprobó, y tras la siguiente remodelación ministerial el gobierno abandonó discretamente el proyecto. Sin embargo, diversas Comunidades Autónomas aprobaron por entonces regulaciones que iban en la misma dirección, especialmente en lo referido a limitar los horarios de venta de bebidas alcohólicas en comercios y el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, como medida principal, con multas de 300 euros en Madrid, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Canarias y la Comunidad Valenciana. Este tipo de medidas han sido criticadas por motivos ideológicos, pero están ampliamente implantadas en otros países y de hecho la limitación de la disponibilidad del alcohol y la actuación sobre su precio son estrategias de amplio consenso en foros científicos, apoyadas por la OMS y los expertos europeos. Otras Comunidades Autónomas han puesto en marcha estrategias más centradas en limitar las molestias a los vecinos que en reducir el consumo. Así, en el caso de Extremadura se aprobó una 'Ley de Convivencia y Ocio" (2003), que no persigue el botellón sino que regula dónde puede y dónde no puede hacerse para evitar conflictos, aunque persigue duramente la venta de alcohol a menores o su consumo y se acompaña además de un programa de construcción de Espacios de Creación Joven como una alternativa de ocio nocturno no basado en el alcohol. Este modelo ha sido seguido por otros gobiernos locales o autonómicos como la ciudad de Salamanca o Andalucía, donde la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios(conocida como ley Antibotellón) otorga facultades a los ayuntamientos para el control y la penalización del fenómeno, y autoriza la creación de espacios específicos, conocidos como botellódromos, siendo Córdoba la primera ciudad en instalarlo, a mediados de 2005. En estas zonas se pretende evitar molestias a los vecinos, compatibilizando presuntamente el consumo masivo de alcohol con el descanso. Estas zonas ofrecen elementos de higiene y seguridad no presentes en plazas y parques como urinarios públicos, suficientes contenedores de basura, o vigilancia con respecto a quién compra alcohol (a fin de evitar que los menores tengan acceso al mismo). Sin embargo, en muchas ocasiones, su uso en la práctica es escaso, por encontrarse estos botellódromos en las afueras de la localidad, con mal acceso a pie.